Santo Domingo.-El consejo de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez depositó 1,046 pruebas de absolución en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la cual buscan desmontar todas las imputaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público.
Conforme a los abogados Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi Pumarol la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) optó por ocultar pruebas, cometer actos reñidos con las normas penales y disciplinarias, y sobre todo amenazar a decenas de personas para que, en calidad de testigos se abstengan de suministrar documentos proclives a favorecer a su cliente.
Sostiene que el ministerio público está transitando incluso con la dispensa de cargos y sometimientos a personas con comportamientos criminalmente execrables, como el caso Rafael Stéfano Canó Sacco, quedando evidenciado que es el trabajo descontrolado de los remanentes inquisitorios.
Indicaron que a pesar de las arbitrariedades asumidas por la PEPCA, a lo largo de casi dos años y con mucho esfuerzo, lograron compilar 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales, 6 periciales y 68 testimoniales, para un total de 1,046 pruebas, depositadas junto a un escrito de 2,952 páginas que relatan de forma preliminar la realidad de las falsas imputaciones presentadas.
Expresaron que todo dentro de un mísero plazo otorgado por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sin desmedro de la espera de decenas de pruebas que aún persiste la PEPCA en rezagarlas y que se encuentran en reclamos judiciales.
Señaló la negación de administrar pruebas documentales y que toda esta ardua labor se inscribe dentro de muchos obstáculos colocados ex profeso por el propio juez Martínez, quien, luego de acordar y ordenar entrega de pruebas documentales físicas, se contradijo.
Explicó que el juez luego se despachó con una retractación conculcadora de derechos, que consistió en aceptar, todo el contenido de un originario disco duro defectuoso que había descartado, contentivo de millones de páginas -que incluían cuantiosas pruebas vinculadas a otros sonados casos, como como son los casos de Alexis Medina y Adam Cáceres, que en modo alguno tienen vinculación con su cliente.
Detallaron que todo esto con el deliberado propósito de imposibilitar no solo la concentración del estudio correspondiente al ex procurador, sino también, dispersar la capacidad de respuesta con miles de archivos ajenos a la litis que les ocupa, lo cual debilitó en buena parte, la tarea de preparar defensa efectiva en escasos meses.
Cooperación del juez
Asimismo, destacó que la cooperación del juez resultó sorprendentemente positiva para las partes adversas, dado que, contrario al mandato legal que data de 200 años de procedimiento penal en cuanto a manejo físico de documentos, luego de ordenar la entrega física del expediente, se contradijo y dispuso que la administración, trámite y entrega de los millares de pruebas fueran de forma digital.
Indicó que esta situación en el entorno social en que se desenvuelven los abogados, fiscales, los jueces y hasta los propios empleados judiciales, y aún hasta las formas de interactuar, lo cual conlleva, en síntesis, una pérdida de atención, tanto en la lectura como en su propia comprensión, lo que demanda de su parte asumir una posición más que vanguardista al derecho de defensa.
Expresaron que el juez y el ministerio público dominan los efectos derivables del mandato que dispuso el primero, puesto que el reemplazo abrupto de lo documental impreso desdice de la forma de pensar de sus cerebros, lo cual, ineludiblemente, culmina en una pérdida de capacidad de atención, retención y lectura eficaz.
Asimismo, los juristas expresaron que es evidente que, desde la salida del ex procurador de su cargo, se orquestó un plan retaliativo para destruirlo por completo, cuyos motivos todos conocemos y que se inventaron que se iría a vivir a Francia, luego que se escaparía a destinos indeterminados, para confundir a jueces y lograr una prisión preventiva.
Agregaron que la amarga realidad para los detractores es que, la batalla legal que libran Alain Rodríguez y sus abogados, tras el cese de la prisión preventiva, tiene su elemento natural en que se ha demostrado que todo el discurso predictivo de ellos ha dejado plantada a la justicia dominicana, quedando nada más un vacío que anhela una respuesta acerca de “qué es lo que queda por asumir de estos señores para los eventuales próximos pasos procesales.
