Santo Domingo.-Tras más de diez horas de audiencia los jueces Ysis Muñiz, Luis Jiménez y Rosalba Garib, de la Segunda Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificaron la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en el supuesto entramado de corrupción desglosado en la operación Calamar.
La medida de coerción que guardan Guerrero y Peralta se mantendrá en 18 meses de prisión preventiva, a ser cumplidos en el Centro Correccional Najayo Hombres en San Cristóbal.
La audiencia llevada a cabo desde las 4:00 de la tarde de este jueves hasta pasada la 3:00 de la madrugada fue a puertas cerradas, sin permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala donde se conoció el caso.
Al salir de la audiencia el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, manifestó que la decisión de los jueces fue “buena y válida”, confirmando que la prisión preventiva es idónea no solo para personas pobres, sino para personas con otro nivel social.
“Considerando la corte que está es la medida idónea y proporcional dadas las circunstancias del caso y en consecuencia confirmando la decisión de primer grado”, agregó.
En tanto, la barra de defensa de Donald Guerrero, representado por Eduardo Núñez, indicó que es una decisión que “no se corresponde en derecho, pero el litigio enseña a perder y a ganar aun cuando no estamos de acuerdo”.
De igual forma los abogados de José Ramón Peralta, deploraron la decisión, indicando que esperarán tener la resolución íntegra en sus manos para identificar sus próximos pasos.
Ambos imputados salieron solo en una ocasión de la audiencia, escoltados por un contingente militar y sin permitir que se les vea el rostro.
En el caso en que figuran los exministros de Hacienda y de la Presidencia de la gestión del expresidente Danilo Medina, así como el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Los encartados defraudaron al Estado dominicano con 19 mil millones de pesos, según los fiscales.
