Santo Domingo.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó ayer su apoyo a la propuesta del Listín Diario para que las autoridades penitenciarias envíen a sus casas a los enfermos mentales y con otros padecimientos, envejecientes y personas con vulnerabilidad, para que terminen de cumplir sus penas o medida de coerción.
El presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, consideró que esa medida contribuiría a descongestionar los recintos penitenciarios y que también se estaría haciendo justicia.
Subrayó que el Código Procesal Penal establece que en el caso de los enfermos mentales no podrán ser juzgados porque no están en capacidad de responder ante la posible acusación que le pueda presentar el ministerio público.
Indicó que en el caso de los preventivos, la Comisión siempre ha propuesto una amnistía, debido a que los que sobrepasen del año con esa medida cautelar, debe variárseles.
Planteó que los jueces de los tribunales de instrucción y colegiados, debieran hacer un acto de justicia, “casarse con la gloria” y dictar medida a favor de esa población penitenciaria que se encuentra abandonada a su suerte, como resultado de la mora judicial que caracteriza al sistema penal de la República Dominicana.
“Es por ello que valoramos con objetividad, con precisión y como un acto de valentía por parte de Listín Diario, proponer a las autoridades que conforme al agotamiento del debido proceso, procedan a poner en libertad, mediante la fórmula que está planteada en el Código Procesal Penal y a Constitución, a los ciudadanos que se encuentran en esas condiciones.”, expresó.
La CNDH-RD se sumó al Colegio de Abogados y a la Defensa Pública, que favorecieron la propuesta hecha por Listín Diario.
Propuesta oportuna
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, consideró “positivo, oportuno y encomiable”, el planteamiento de Listín Diario, por considerar que es la medida más conveniente en materia de respeto de los derechos fundamentales.
Surún dijo que ojalá las autoridades escuchen el clamor de Listín Diario y procedan a implementar esa propuesta.
Planteó que aprovechen la oportunidad y aporten los recursos correspondientes para implementar las disposiciones de la normativa en materia carcelaria, a fin de que de una vez sean mejoradas las condiciones de los presos.
Estimó que las condiciones de los privados de libertad son “totalmente inhumanas, deplorables e incompatibles con los estándares internacionales sobre los tratos que deben recibir los seres humanos, independientemente de que estén o no sujetos a un proceso penal o condenados.
“Lo vemos muy positivo, y felicitamos a Listín Diario”, concluyó Surún al reaccionar sobre el editorial.
Defensa Pública
En el Desayuno de Listín Diario, el director de la Defensa, Rodolfo Valentín, informó que en los centros de privación de libertad hay 800 enajenados mentales.
Valentín expuso que el código procesal penal dice que los enfermos mentales son inimputables y ameritan una medida de seguridad.
“Una medida de seguridad es que estas personas, con esa patología siquiátrica, amerita medicamente tratamiento, pero no ahí dentro (cárcel), expresó.
Señaló que el informe sobre las condiciones de los privados de libertad citó el caso de Modesto, un preso esquizofrénico, pero acotó que fue sacado del centro de reflexión de La Vega y llevado al Hospital Padre Billini después que la Defensa Pública reveló su situación.
“No podemos actuar sobre la reacción, somos reactivos, cómo podemos hablar de dignidad y derechos fundamentales con personas en esa condición, no es posible.”, estimó.
Sostuvo que en los centros de reclusión hay enfermos de SIDA, adultos con enfermedades terminales, con cáncer y discapacitados con más de la mitad de la pena cumplida.
“Qué hacen esas personas, esos adultos mayores privados de libertad, para dónde van, si pueden ir a morir dignamente a sus casas.”, cuestionó Valentín.
Agregó que se han muerto reos por enfermedades, sin las debidas atenciones.
Consideró que el juez de ejecución de la pena también es responsable, porque pueden tomar una decisión, pero se quejó de que no son acogidas las acciones de amparo que presenta la Defensa Pública en favor de esas personas.
