Santo Domingo.-El presidente del Colegio de Abogados, de la Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía depositaron una querella ante el Procuraduría Especializado de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del ministro de Obras Públicas Deligne Ascención Burgos, acusado de cometer graves irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de la autopista de San Isidro.
Surun Hernández denunció que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que la construcción de dicha obra tiene más de 600 millones de pesos en sobrevaluación.
La Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía explicaron en la querella que la constructora Cogusa SRL también varió el diseño original de dicha autopista, adicionándole una marginal y un muro que elimina los retornos, reduciendo los carriles de 6 a 4, cerrando el acceso a los comercios y residenciales, incluyendo el cierre de varias calles, trastornando el tránsito y la vida de los residentes y de cientos de Comerciantes de la zona, quienes se encuentran condenados a la quiebra por el cierre de accesos a sus negocios, según los denunciantes.
Explicaron que otra gravedad en el proceso es que dicha obra no ha sido autorizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este, por lo que el ministro de Obras Públicas ha incurrido en los crímenes de prevaricación, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.
El presidente de la Fundación Primero Justicia, precandidato a alcalde por Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo y representante legal de los afectados, Surun Hernández, indicó que la construcción de este muro entre las avenidas Charles de Gaulle e Hípica afecta de manera directa las actividades de los negocios y
limita el paso peatonal en perjuicio de residentes y visitantes de la zona.
“Lo peor de todo esto es que durante el anunció que dicha obra se informó que tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó el total de 800 millones de pesos y un monto extra de dos mil millones para las expropiaciones, pero luego sin explicación alguna, ni conocimiento público, el ancho de la autopista fue reducido a tan sólo 33.70 metros y se eliminaron elementos importantes como la isleta central, los espacios verdes y el arbolado lateral”, expresaron los querellantes.
También lamentaron que hasta la fecha no se ha mostrado un informe técnico administrativo que justifique dicha reducción, y peor aún, no se haya transparentado esa reducción en los montos contratados inicialmente, por lo que se evidencia un uso incorrecto de los recursos del Estado y violación al libre tránsito peatonal y vehicular derechos contemplados en la Constitución de la República.
Agregaron que mueve a sospecha que la empresa ”Constructora Cogusa, S.R.L.”, que según sus perfiles y documentos constitutivos tiene como especialidad la construcción de apartamentos, no de obras viales; con un capital accionario de 500 mil pesos, se le haya adjudicado una obra de más de 2,800 millones de pesos, sin darse a conocer algún proceso de licitación pública y que el costo de la misma haya sido aumentado en más de 600 millones de pesos sin explicación alguna, en combinación con el Ministerio de Obras Públicas.
Por estas razones “solicitamos al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa iniciar las investigaciones pertinentes”.
