Un juez firmó ayer lunes una orden que designa como confidenciales algunas pruebas en el caso de narcotráfico del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el objetivo de proteger la seguridad de testigos.
La orden, disponible en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, explica cómo manejar pruebas que fiscales y abogados de Hernández intercambiarán y que supondrían “un riesgo significativo” para testigos si éstas se hicieran públicas. Si se desvela la información, se podría identificar a testigos o personas involucradas en el caso, que podrían ser, al igual que parientes suyos, víctimas de extorsión o amenazas, asegura la carta.
Hernández, quien presidió el país por dos periodos consecutivos de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril. Ahí enfrenta tres cargos: asociación delictiva para importar cocaína, posesión de armas y herramientas destructivas y asociación delictiva para usar armas y herramientas destructivas. Hernández fue presidente de Honduras hasta el pasado enero, cuando terminó su mandato y el poder pasó a la ganadora de elecciones recientes, Xiomara Castro. Actualmente está preso en la cárcel Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.
Estados Unidos le acusa de participar en una conspiración para permitir que carteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos.
En su orden, el juez Castel dice que el equipo de defensa de Hernández no puede hablar sobre pruebas confidenciales del caso con medios de comunicación, ni hablar de ellas en internet o sacarlas fuera del país. A principios de mayo el exmandatario se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en la sala del juez Castel, en Manhattan.
