Santo Domingo.-La audiencia preliminar del caso de corrupción gubernamental denominado Coral continuó ayer con la contrarréplica de los abogados de los imputados a los argumentos que presentó el Ministerio Público.
Entre ellos se encuentran los abogados de Alejandro José Montero Cruz, quienes aseguraron ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que no hay una sola prueba que vincule al sargento de la Armada Dominicana con los demás imputados en el proceso judicial.
El militar es acusado de tráfico ilegal tras encontrarle varias armas de fuego en el allanamiento realizado por el Ministerio Público en el apartamento donde reside y que es propiedad del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado del entramado de corrupción.
Su abogado Félix Portes pidió al tribunal, que preside la jueza Yanibet Rivas, que el expediente de su cliente sea separado de los demás encartados y que se cambie la tipificación jurídica de tráfico internacional de armas o de acopio ilegal de armas a simple posesión de armas ilegales.
¿Por qué habría que cambiar la tipificación jurídica? Portes respondió: “Porque no hay evidencias de que él haya traficado armas, no hay evidencias de que él haya usado su apartamento donde él vive con su esposa y su niña para un almacén, son simplemente tres armas”.
El jurista solicitó además que el expediente contra su cliente “sea declinado a lo que sería una Cámara Penal unipersonal porque la pena no excede los cinco años”.
El Ministerio Público acusa a los imputados del caso Coral de conformar un entramado de corrupción, que supuestamente operó en las instituciones castrenses Cusep, Cestur y en el Conani.
Este proceso judicial contra de los 48 imputados, se encuentra en fase preliminar y continuará el próximo viernes a las 9:00 de la mañana.
¿Qué falta para terminar la fase preliminar?
Una vez la defensa de los 48 imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas, concluya con la contrarréplica, sólo restan las manifestaciones finales de los imputados (si lo desean). De ahí el tribunal determina si envía o no a juicio de fondo a los imputados, donde serían condenados o absueltos. A los encartados se les imputa por defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos.
