SANTO DOMINGO.- La ordenanza de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe a los partidos realizar mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña vulnera derechos fundamentales, reiteró este sábado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Recordó que tanto el Tribunal Superior Administrativo y como el Tribunal Constitucional declararon nulos los artículos de la Ley de Partidos Políticos que establecían esa disposición, por lo que desconocer tal decisión sería un desacato.
José Dantés Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, explicó que las decisiones de esos tribunales son «definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, incluyendo la JCE».
«El PLD ve con preocupación que, no solo la JCE, sino ahora las juntas electorales municipales se están dando a la tarea de prohibir actividades políticas en sus respectivas demarcaciones, en franco desconocimiento y desacato de varias sentencias del intérprete máximo de la Constitución, vulnerando así derechos fundamentales de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de sus miembros», expresó el también miembro del Comité Político peledeísta.
Aclaró que la JCE ni las juntas electorales municipales tienen facultad para impedir ni limitar los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Afirmó que «el propio magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, ha sido reiterativo en sus advertencias en el sentido de que los desacatos a las sentencias de esa alta corte, en particular por parte de los poderes públicos, constituyen no solo un flagrante atentado contra la autoridad particular de un mandato judicial, sino contra la eficacia general de los precedentes constitucionales como fuente del derecho, razón por la que recientemente planteó establecer por ley sanciones penales por incumplimiento a las decisiones constitucionales».
“Justamente el viernes el Tribunal Constitucional publicó en su página Web, y así lo recogen varios medios de comunicación, una lista con los nombres de los responsables del incumplimiento de 81 sentencias de esa alta corte, lista a la cual se sumaría ahora la Junta Central Electoral y las juntas municipales electorales si no cesan en su práctica de tratar de impedir lo que no está prohibido por la Constitución de la República”, agregó.
