En teoría, la adquisición de los aviones Super Tucano ayudaría a arrebatar el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre de las manos del narcotráfico; serían usadas en misiones de seguridad nacional y patrullaje de la frontera, pero esta compra devino en un escándalo de corrupción llevado ante los tribunales, cuyo desenlace está previsto para conocerse este lunes mediante sentencia.
La investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sentó ante el banquillo de los acusados al exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
Estos están implicados en los sobornos que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado a funcionarios del gobierno dominicano (gestión de Leonel Fernández) para facilitar y asegurar un contrato para la compra de ocho aeronaves Super Tucano. El cohecho, según Embraer, se ejecutó entre 2008 y 2010.
Aunque los investigadores revelaron que se repartieron sobornos a senadores para agilizar la aprobación del proyecto de préstamo depositado por el Poder Ejecutivo de entonces para adquirir los Tucanos, ningún legislador fue formalmente acusado en el caso.
Las juezas
Las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberán decidir hoy a las 2:00 de la tarde el destino de los acusados, quienes han solicitado la absolución, mientras que el Ministerio Público pide condena.
La Pepca quiere que el tribunal condene a diez años de prisión a Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio; y que se le imponga el pago de una multa de siete millones de dólares. Además pidieron que las empresas imputadas se le condene al pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La empresa Embraer llegó a un acuerdo con las autoridades y admitió la entrega de sobornos, por lo que fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano. Mediante el acuerdo también colaboró con entrega de documentos que sirvieron de pruebas en el proceso penal.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes, informó la Pepca en un comunicado de prensa.
