ESTADOS UNIDOS.- El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para imponer sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones, en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional sobre ese territorio, que contempla la cadena perpetua para los disidentes.
El Senado ya había aprobado inicialmente el proyecto de ley la semana pasada, pero anoche la Cámara de Representantes respaldó una versión con algunas diferencias, lo que obligó a los senadores a someter de nuevo la iniciativa legal a votación, según los senadores Pat Toomey, republicano, y Chris Van Hollen, demócrata, autores del texto legal.
Tras la aprobación en el Senado, por unanimidad, sólo se requiere la firma del presidente, Donald Trump, para la entrada en vigor de la iniciativa, elaborada ante el temor de los legisladores de EE.UU. de que la aplicación de la ley de seguridad nacional china en territorio de Hong Kong elimine las libertades democráticas en la antigua colonia británica.
“El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong”, había expuesto la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.
Pelosi añadió que estas sanciones son “una respuesta necesitada con urgencia ante la cobardía del Gobierno de China al aplicar la autodenominada ‘ley de seguridad nacional’ que pretende acabar con la premisa de ‘un país, dos sistemas’, prometida hace exactamente 23 años”.
Al texto aprobado, se le añadió una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas “de reputación, económicos y legales” si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.
La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.
Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una ‘mano negra’ extranjera, apuntando a Washington.
Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal – acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes -, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.
