Santo Domingo. – En una sesión que duró alrededor de ocho horas, el Senado de la República aprobó, en segunda lectura, el proyecto de reforma del Código Penal sin las causales, con 20 votos a favor de 22 senadores presentes.
Para la directora del Instituto de Investigación y Estudio de Genero y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Virtudes de la Rosa, la pieza legislativa “es una vergüenza nacional”, pues a su entender, lo aprobado por los senadores no representa la sociedad dominicana actual.
“Esa aprobación en el senado es una vergüenza nacional. Nosotros como sociedad pagamos a ese Senado de la República para que pueda aprobar leyes que puedan asegurar derechos a la población. La forma apresurada, primero no leyéndolo y ayer leyéndolo de manera apresurada, demuestra que no hay ningún interés en un tratamiento científico, en un tratamiento adecuado a algo tan delicado como es el Código Penal”, dijo la activista.
De igual manera, De la Rosa agregó que el proyecto de ley contiene diversos tipos de deficiencias, desde faltas ortográficas hasta desconocer los derechos de la mitad de la población como las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas.
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“Somos uno de los cuatro países que penaliza en absoluto el aborto, sin tomar en cuenta situaciones especiales que el Estado debería asegurar a la mujer”, afirmó la directora de IGEF.
A favor de nuevo Código Penal sin causales
Sin embargo, la presidente del grupo Acción Cristiana, Yvonne Núñez, dijo que está de acuerdo que el Código Penal aprobado sin las causales en el Senado respete la Constitución en cuyo artículo 37 establece que se debe proteger la vida desde la concepción.
“Siempre y cuando el documento proteja el derecho a la vida, la familia, el derecho de los padres, proteja las libertades ciudadanas y claro con todos los aportes, entendemos que es lo que corresponde porque ya tenemos más de 20 años que estamos esperando este código y la nación lo necesita con urgencia”, manifestó Núñez.
Ambas activistas coincidieron que el proyecto de ley aprueba la preescristividad de la corrupción y asegura la impunidad de sectores religiosos, por lo que, debe ser revisado el tipo de penas y la manera de como confirmar los tipos de acusaciones y demostrar si son reales o no.
La normativa legislativa consta de 419 artículos, estableciendo 72 nuevos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas, soborno públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa la pena máxima de 30 a 40 años.
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