Santo Domingo. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva impuesta al imputado Rubén Darío Morbán Santana, a quien el Ministerio Público le atribuye formar parte de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas y que fue desmantelada con la Operación Gavilán.
Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez confirmó la prisión preventiva a Morbán Santana durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El imputado cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, por formar parte de la desmantelada red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
El pasado mes de agosto el proceso fue declarado de tramitación compleja y les fue impuesta la Ministerio Público como medida de coerción por 18 meses en el referido centro penitenciario a los imputados Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y a Rubén Darío Morbán Santana, siendo la misma ratificada a todos en el proceso que se lleva en su contra.
El proceso también se sigue en contra de los imputados Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, quienes tienen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
También, contra Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui Dotel, quienes recibieron diferentes medidas de coerción por cooperar con la investigación del Ministerio Público, entre ellas, impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
Los vinculados a la red fueron sometidos a la justicia por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
El grupo fue sometido a la justicia por violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 41-08 sobre la Función Pública, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
