Santo Domingo.- Innumerables legisladores han sido señalados o vinculados en temas de corrupción, el narcotráfico y lavado de activos, pero son unos pocos los condenados a cumplir penas por estas acusaciones.
Uno de los temas más recientes es el de la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien fue sentenciada este martes a cinco años de prisión por delitos de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
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La actual representante de la provincia La Vega, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago.
Otro caso similar, pero de mayor gravedad y una pena superior, es el de Miguel Gutiérrez, quien fue condenado a 16 años de cárcel, después de hacer un acuerdo con los fiscales federales y declararse culpable por tráfico internacional de drogas y lavado en Estados Unidos.
Sadoky Duarte es otro de los congresistas que ha tenido problema con la justicia. Fue encontrado culpable de “ultraje y violencia contra la autoridad pública” y se dictó en su contra tres meses de prisión suspendida y el pago de una multa de 3,500 pesos en el 2022.
Otros casos
La operación Falcón, puesta en marcha por el Ministerio Público contra el lavado de activos producto del narcotráfico, involucró a los diputados Faustina en Guerrero Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y a Héctor Darío Feliz Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Nelson Rafael Marmolejos Gil, es otro de los diputados cuyo nombre se vio relacionado en el caso Falcón, sobre narcotráfico y lavado de activos.
De acuerdo con el MP, el diputado del PRM, que repite en la circunscripción 03 de Santiago, obtuvo un financiamiento completo de su campaña en 2020 con el dinero del cabecilla de la estructura delictiva, que operaba en Santiago y otras zonas del país.
De igual forma, se han encontrado bajo el foco de la justicia Sergio “Gory” Moya de la Cruz, quien logró convertirse en el diputado más votado en las elecciones del pasado 19 mayo, con 20,011 votos a su favor, a pesar de ser mencionado en el expediente de corrupción Caso Calamar y vinculaciones al narcotráfico.
Dos décadas atrás
En el 2005, la Suprema Corte de Justicia despojó de su inmunidad al diputado Radhamés Ramos García, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y lo condenó a 18 meses de prisión por “patrocinar el ingreso ilegal de extranjeros desde Haití mientras fue cónsul en la vecina nación”.
Ya había sido destituido de su cargo de cónsul por otorgar visas de forma irregular a 36 chinos en junio de 2002, según informaron entonces las autoridades.
Luego, el legislador y ex cónsul en Cabo Haitiano, en el norte de Haití, fue dejado en libertad, tras permanecer unas dos semana en prisión. A pesar de enfrentar este caso, volvió a ganar elecciones y mantenerse como diputado hasta el 2016.
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