Santo Domingo.-El juez Amauris Martínez continuó ayer escuchando la acusación presentada por el Ministerio Público contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada en la operación Medusa, durante la audiencia preliminar que conoce el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Los fiscales continuaron la lectura de los cargos a partir de la página 2,884, que incluye presuntas irregularidades atribuidas al exprocurador en el proceso de compra y contrataciones de servicios e irregularidades durante su gestión en el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD).

Uno de los procesos cuestionados, en los que el Ministerio Público afirma se incurrió en prácticas corruptas, fue la adquisición de mascarillas N95 sin válvula y lentes de protección, para ser utilizados en la Procuraduría General de la República y sus dependencias.

Los fiscales indican que aportan copia de la “Información General del Proceso de referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0129”, con la cual dicen prueban que la Procuraduría General de la República adjudicó irregularmente 10 servicios a la entidad Complementos ER S.R.L., por intermediación del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, y que también participó con la compañía Lirtec S.R.L., que era manejada por él.

Precisan que registraron diez transferencias bancarias por el monto total de RD$13, 877, 872.54.

Indicaron que los procesos eran adjudicados a la entidad Complementos ER S.R.L., mucho tiempo antes de iniciar el procedimiento en la Procuraduría General de la República.

También, que los precios de los servicios brindados por compra de equipos, fueron multiplicados en las cotizaciones, comparándolo con el precio real del mercado.

“Se evidencia similitudes en los contratos de dos de los procesos adjudicados, donde los motivos, precios, y fecha son la misma, a pesar de que los procesos tienen fecha diferente, la fundamentación y la documentación que reposan son las misma.”, señala la acusación leida por los fiscales.

Sobre irregularidades en el CEI-RD, el Ministerio Público se refirió a la comunicación de fecha 31 de marzo del 2022, emitida por Angelina Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, dirigido a Wilson Manuel Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Indican que en esa comunicación, la funcionaria emite información en repuesta a una comunicación de la PEPCA del 20 de enero del 2022, sobre requerimiento de un informe de la nómina de empleados contratados y fijos, copias certificadas de los estados financieros, informe de los pagos a la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 16 de agosto de 2016, del CEI-RD.

Puntualiza que las informaciones solicitadas no pudieron ser certificada en vista de que no están firmado y no existe veracidad de los mismos y que en cuanto los periodos entre 2012 hasta 2016 no se identificaron archivos.

“En cuantos los pagos de la Tesorería de la Seguridad Social y los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos no se encontraron en los archivos soporte de los mismos, con los cuales probamos el modus operandis del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mientras ejerció las funciones de Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), en el período 2012-2016.”, señala la acusación.

Igualmente, sostiene que hubo irregularidades administrativas y financieras en la gestión de Jean Alain en el CEI-RD, y que la actual gestión estaba imposibilitada de certificar los estados financieros mensuales, porque no se encontraron firmados cuando asumieron.

Además, sostiene que no pueden precisar si se trata de las versiones finales, además que los informes financieros digitales no existen porque fueron borrados.

Con relación a los informes de ejecución presupuestaria en el periodo 2012-2016, precisa la acusación leida por los fiscales, que no fueron identificados en los archivos de la institución.

“No existen soportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y de la Dirección General de Impuestos Internos, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto del 2016”, afirman los fiscales.

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